Analizan cambios en el pago de la comisión de los contratos de alquiler
El cambio más importante que se propone es que la comisión en el contrato de alquiler deberá afrontarla el propietario del inmueble y no el inquilino, como ocurre en la actualidad.
Además se plantea que los derechos de los inquilinos y propietarios estén presentes en toda página web y espacio físico a cargo de inmobiliarias y que el Instituto de la Vivienda (IVC) junto a la Defensoría del Pueblo provean asistencia gratuita a quienes la demanden.
El proyecto se debate en la Legislatura y podría agregar o modificar artículos de la Ley 2340 sobre la creación del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios sancionada en 2007.
Los cambios son impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y provocaron el rechazo del sector inmobiliario, principalmente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI).
El cambio más relevante sustituye el inciso dos del artículo 11: «Son derechos de los corredores inmobiliarios percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten», dice en la actualidad. Con la modificación quedaría redactado así: «Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador».
Esta medida beneficiaría directamente a las 400.000 familias que alquilan, cada una de ellas con un promedio de 2,3 integrantes, más bajo de lo considerado para una familia tipo. Este número de inmuebles representan el 33% de viviendas porteñas, considerando que al menos 120.000 están vacías y ociosas en una ciudad que cuenta con un déficit habitacional de 130.000 hogares.
«El proyecto de ley es positivo», anticipa Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino porteña. «Al mercado inmobiliario no lo afecta porque se seguiría cobrando la comisión, pero al locador. Además prohíbe la sobre facturación en gestoría, por ejemplo, trámites de averiguación de antecedentes que cuestan $400 y los cobraban hasta $2500», agrega.
Sobre éste último punto el proyecto del oficialismo plantea modificar el artículo 10 de la Ley 2340 sobre «deberes de los corredores inmobiliarios» que incorporaría el siguiente párrafo: «Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional».
Para Héctor D’ Odorico, presidente del CPI, el efecto será totalmente adverso. «Entendemos que [la Ley] estará lejos de beneficiar al inquilino, por el contrario, lo perjudicará», apunta. «El costo que tendrá que afrontar el locador se trasladará al locatario. Por ejemplo, cuando ponga en alquiler un departamento por $7000, pedirá $7000 más el valor de la comisión dividido en 24 meses. Esta no es una reforma a la ley de alquileres, sino una quita de ingreso a los operadores inmobiliarios», avisó.
